Por: Walter Javier Arrázola M.

En los procesos económicos, a fin de acaparar poder, se utiliza la estrategia de la captura del regulador, esto implica tomar el control del ente regulador y legal para eludir los controles y regulaciones a las que estas empresas deberían estar sometidas dentro de la institucionalidad de un Estado Democrático.

La captura del regulador por lo general conlleva al tráfico de influencia, el uso de información privilegiada, barreras de entrada a nuevos competidores, como consecuencias monopolios, privilegios legales o –en su caso– influenciar en el proceso legislativo para crear ventajas “legales” y “legítimas” a su sector; que por lo general esto va acompañado con la corrupción en los estrados judiciales; en fin todo beneficio que pudiera favorecer los intereses del actor dominante o empresa.

Hoy nos encontramos ante un nuevo concepto económico y político dentro del narcotráfico, que es la captura del Estado.

En Bolivia, la del presidente Evo Morales, se han dado todas las condiciones e incentivos para que el narcotráfico logre capturar democráticamente al Estado Boliviano. El Estado Boliviano se encuentra, o está por serlo, capturado por el narcotráfico.

Para este fin, en primera instancia, el poder político ha sido capturado por un sector de interés en Bolivia, que son los campesinos cocaleros a los cuales representa el presidente de Bolivia, quien casual y extrañamente es también el presidente de las seis federaciones de productores de coca más grandes que tiene Bolivia.

Si vemos los índices del crecimiento de los cultivos de hojas de coca, los índices de aumento de producción de cocaína y pasta base de la cocaína en Bolivia, el mundo y la comunidad internacional deberían estar sorprendidos. Desde que Evo Morales asumió la Presidencia –en el 2006– la producción de hoja de coca creció 20 por ciento y la producción de cocaína se incrementó en 65 por ciento, cifras de crecimiento exponenciales. Además, las detenciones y las sanciones efectivas hacia los carteles o narcotraficantes han sido inversamente proporcionales a los anteriores datos; es decir, han decaído las sanciones judiciales efectivas y las aprehensiones in situ.

Los carteles han importado las más avanzadas tecnologías para su producción, donde no se encuentran grandes fábricas sino “micro empresas” con gran capacidad de producción.

Estadísticamente la generación económica de este sector daría a pensar que se han mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos en los lugares donde se cultiva la hoja de coca, puesto que campesinos pobres compran varios microondas y lavadoras industriales, además de autos lujosos (sobre todo 4×4). En realidad los equipos electrodomésticos no son usados para el uso domestico sino para el empresarial del narcotráfico.

Hoy los carteles de narcotraficantes que están siendo perseguidos en Perú, Colombia, México o Brasil, tienen un paraíso terrenal y fiscal: el Estado Plurinacional de Bolivia, lugar donde se mueven tranquilamente. Los costos de oportunidades y transacción en Bolivia son mínimos y la persecución Estatal con la correspondiente sanción punitiva de aquellos delitos de igual manera. Existe mucha probabilidad que un gran narcotraficante no sea detenido, quienes si engrosan las filas en las cárceles bolivianas son las famosas “mulas”, que también sirven como medio para desviar la atención de las autoridades policiales quienes detienen e incautan pequeñas cantidades de estupefacientes mientras el grueso de la droga sale libremente por los cielos bolivianos.

Existe un privilegio constitucional en Bolivia, que incentiva a los narcotraficantes para la producción de la hoja de coca. El artículo 384 de la Constitución de Morales dice: “El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley”.

La campaña para la reelección de Evo Morales será financiada, a declaración de él, por las donaciones que harán todos los productores cocaleros de varias libras de hoja de coca por campesino, en las presidenciales a realizarse el 6 de diciembre de este año.

Asumiendo que ningún productor estuviera ligado directamente con el narcotráfico la pregunta que debemos hacernos es ¿Si el narcotráfico disminuiría, quienes se verían afectados social y económicamente en Bolivia? ¿Los consumidores? No lo creo, porque el mercado interno es muy pequeño. Los grandes carteles de la droga, por supuesto.

Existe un conflicto de intereses entre lo que represente Evo Morales como presidente de un país y como defensor a ultranza del sector que lo hizo presidente. Es decir, indirectamente están protegiendo al narcotráfico o por omisión es cómplice del mismo, como lo atestigua el candidato a la presidencia del Brasil por el Partido de la Social Democracia Brasileña, José Serra.

Si se cae la producción de hoja de coca, se cae el narcotráfico, si esto sucede se cae Evo Morales por no proteger y defender al sector que representa, los campesinos cocaleros.

El problema no termina ahí, sino recién comienza. El Chapare, lugar fuerte de Evo Morales y donde se produce la mayor cantidad de hoja de coca –cabe recalcar que esta no es apta para el consumo humano– empiece a expandir su control político y electoral en el país; o en su caso los carteles de narcotraficantes empiecen a financiar directamente las campañas políticas (si es que ya no la estuvieran haciendo) para tener influencia en el parlamento, municipios y/o gobernaciones. Por ahora, sería solamente al partido de gobierno que defiende al sector que les provee las materias primas, pero luego eso ya no le interesará a los carteles. Evo Morales será descartado por los mismos cocaleros o por los grandes industriales del sector.

Cuando se logre completamente la captura del Estado por el narcotráfico, a estas organizaciones criminales dentro del razonamiento económico, no les interesará financiar a los partidarios o grupos afines a Evo Morales, sino también a la de sus opositores, sean de izquierda o de la derecha. A los carteles solo les interesará capturar al Estado y defender sus intereses corporativos como lo haría cualquier holding internacional.

El libre mercado del narcotráfico en Bolivia está a su máxima expresión, no pagan impuesto, reducen el control del estado, no tienen fronteras y por si fuera poco se han transnacionalizado. Al analizar la geopolítica latinoamericana habrá que preguntarse ¿Que interesante pueden ser los nexos sin control aéreo entre Bolivia, Venezuela, Ecuador, Cuba y Nicaragua para los carteles? ¿Que se podría estar comerciando tanto dentro del ALBA? o ¿Que podrán estar llevándose las cargas de los aviones hercules venezolanos que constantemente arriban y salen de tierras bolivianas?

Mayo 31 de 2010. La Prensa

El domingo 23 por la noche, el suboficial Nelson Alcócer, los cabos Esteban Alave y Rubén Cruz, y el policía Miguel Ramos fueron interceptados por comunarios de Uncía, quienes los acusaron de extorsionar a propietarios de automóviles indocumentados y de haber asesinado por lo menos a siete conductores en los últimos años. Los campesinos, en un ampliado de la anterior semana, admitieron haberlos asesinado y enterrado en distintos puntos de ese sector.

Ante esos acontecimientos, el Vicepresidente reconoció el viernes en el Palacio Quemado que el Estado perdió el control “temporal” de esa región. “Hay lugares donde se presentan conflictos, conflictos intensos, donde la autoridad coercitiva tiene problemas temporales para imponer su mandato”, dijo García Linera al ser consultado si el Estado intervendría en la investigación de esos ajusticiamientos. La anterior semana, campesinos de los ayllus Jucumani, Layme, Aymaya, Pucara y Qaracha del municipio de Uncía determinaron declarar zona roja a esa región, vetar a la Policía, permitir la circulación de motorizados sin placas y no devolver los cuerpos de los fallecidos.

En lo que va del mes, éste es el segundo conflicto, lamentablemente sangriento, que escapa al control del Gobierno. El primero se dio en Caranavi, donde murieron dos colonos por disparos de arma de fuego provenientes, presuntamente, desde la Policía cuando por orden del Ministro de Gobierno procedieron al desbloqueo que interrumpió el tráfico vehicular por más de 14 días hacia el norte paceño. Estos dos acontecimientos ponen al descubierto que el “control del Gobierno” sobre los “bastiones electorales” del Movimiento Al Socialismo, denominados así por los analistas políticos, en la práctica son castillos de arena que se derrumban al menor indicio de una contradicción interna.

Lo recurrente en estos casos es que, cuando el Gobierno intenta restablecer su presencia en zonas de conflicto, el saldo siempre recae en pérdidas humanas, como ocurrió en 2008 en el bloqueo de la carretera que une La Paz con Cochabamba, en el sector de Caihuasi, cuando mineros de Huanuni pedían la aprobación de una ley de pensiones acorde a sus necesidades. En ese conflicto murieron dos mineros en un enfrentamiento con la Policía.

A estos decesos se suman al menos otros 50 desde el 2006, y recurrentemente en escenarios donde la protesta popular rebasa los controles del Estado. Dónde quedan las frases de los gobernantes cuando se jactan de ser defensores de la vida y de velar por los intereses de los sectores “históricamente oprimidos”.

Esto es una muestra de que las formas de Gobierno hasta ahora aplicadas mantienen en esencia las prácticas de los anteriores, que se caracterizaban por una violencia estatal y represiva contra los sectores que les hacían frente por conseguir mejores condiciones de vida.

Ahora es el turno de Uncía, donde los comunarios no permiten la presencia del Estado, que más allá de sus pedidos, es un evidente rechazo a las políticas del Gobierno que pugna por una defensa intransigente de la propiedad privada en desmedro de las necesidades del pueblo.

Por: Calletano Llobet

Primera condición para entender las cosas: todos los discursos rimbombantes, todas las olímpicas apariciones del Presidente -incluyendo sus olímpicas metidas de pata-, toda la solemnidad de supuesto marxismo trasnochado del Vicepresidente, todas las martingalas del rodillo parlamentario obediente a las instrucciones de Palacio, son prendas de una vestimenta de utilería para adornar el copamiento de todo lo que se pueda en el conjunto de las instituciones.

Meterse al bolsillo todos los cargos posibles no es construcción de Estado.

Y es que en una sociedad desagregada no es posible construir Estado. La nuestra es un ejemplo de desagregación. No es una casualidad que la suma de conflictos que se presenta represente un cuadro de intereses diversos que nada tienen en común y que tienen que encontrar “soluciones” que siempre son para una parte, jamás para el todo. Por eso nunca se cumplen políticas: se aplican parches. Tampoco es una casualidad que en una elección como la última, vuelvan a surgir los mismos liderazgos regionales que, como ya demostraron hace dos años, no tienen la posibilidad de integrarse. La visión nacional brilla por su ausencia.

No es raro encontrarse con situaciones como la de Caranavi que demanda la atención de mismísimo Presidente y que terminan en el ofrecimiento de otra procesadora de cítricos, ¡tremenda decisión de Estado! Y tampoco es raro que un grupo de policías tenga que replegarse de un pueblo a otro, porque unas comunidades se han declarado en rebeldía, han asesinado a cuatro policías y, para que no exista ningún equívoco, han declarado su región como “zona roja”, decretando el libre tránsito de contrabando y prohibiendo el ingreso de más policías y desde luego de periodistas.

¿Cuál Estado?

Es que no puede haber Estado allí donde hasta las propias instituciones del Estado actúan como sindicato. Me remito a los hechos: el Ministerio de Defensa afirma que la Alcaldía de La Paz no cumplió compromisos respecto a lugares que eran de “propiedad privada” de las Fuerzas Armadas. Independientemente de que alguno de mis muy ilustrados amigos jurisconsultos tenga la bondad de aclararme ese concepto de propiedad privada de una institución pública, ¿cómo procede el Ministerio de Defensa? Desde luego, no acude a una instancia legal para el reclamo y exigencia de cumplimiento del acuerdo. Hace lo que hubiera hecho cualquier sindicato en conflicto: ¡manda a uno de sus grupos de choque a bloquear la obra municipal! Entiendo perfectamente -tampoco soy tan idiota- la intención gubernamental de sabotear políticamente a Juan del Granado. Entiendo la rabia gubernamental contra su ex aliado y ex compadre, pero la imagen de soldados enviados a bloquear una obra pública porque no se había cumplido con la construcción de unas aulas militares y “la casa del comandante”, no sólo es patética: es la descripción más maravillosa de la ausencia absoluta de Estado.

Desde luego, no es Evo el culpable de esa ausencia. Es una enfermedad nacional sin vacuna posible. Lo que pasa ahora es que le han hecho creer que él es el Estado, lo que no resulta muy difícil de meter en la cabeza de un caudillo. Es perfectamente normal e históricamente reiterada la confusión que se produce en esos personajes: cuando se contemplan al espejo, ven Estado. El problema es que, con mucha frecuencia, aparecen los actores de la sociedad desagregada -esta vez unos ayllus- y les rompen el espejo…

Por: Emilio Martínez

La situación de los derechos humanos en Bolivia se ha agravado en varias áreas durante los últimos años. Un documento de referencia importante es el informe emitido en marzo pasado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado norteamericano, con un balance correspondiente al año 2009.

El informe subraya la existencia de ejecuciones ilegales (caso Hotel Las Américas), torturas, detenciones arbitrarias, asesinatos amparados en la mal llamada “justicia comunitaria” y amenazas a la libertad de prensa.

En el acápite dedicado a la “Privación arbitraria o ilegal de la vida” se indica que las fuerzas de seguridad mataron a tres presuntos terroristas internacionales que según la oposición “fueron reclutados por el propio gobierno o rápidamente infiltrados”. Se acota que el presidente Evo Morales rechazó los pedidos de los gobiernos de Hungría, Irlanda y Croacia para llevar a cabo una investigación internacional del caso.

El informe es particularmente duro en lo que respecta a la “justicia comunitaria”, a la que define como una “violencia de turbas que a menudo conduce a muertes violentas”. Se reportan 14 casos de estos hechos a lo largo del año pasado.

El documento agrega que “no hay avances en la investigación de las muertes ocurridas en septiembre de 2008 en Porvenir y Cobija, cuando 11 individuos murieron en la confrontación entre una marcha de campesinos y ciudadanos de Porvenir, y otros dos fueron asesinados al día siguiente cuando fuerzas de seguridad tomaron el aeropuerto de Cobija”.

Se refiere la existencia de un video que muestra la toma de rehenes por parte de los marchistas, los intentos de los ciudadanos de Porvenir por disuadir mediante el diálogo la entrada de los campesinos en esa localidad, las fallas en la actuación de la Policía y el fuego cruzado entre ambos bandos.

En materia de “Torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” se reportan abusos de las fuerzas de seguridad en el denominado “caso Rozsa”, sobre la base de fotografías que muestran heridas en el cuerpo y el rostro de los detenidos Elod Toaso y Mario Tadic.

Otro caso consignado es el ataque sufrido por Jeniffer Wissemberg, esposa del general César López, quien sufrió daños severos en sus ojos por una brutal agresión de desconocidos luego de que su marido inculpara al ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en el caso de contrabando de los 33 camiones.

También se registran las agresiones sufridas en los Yungas por la disidente del MAS Marlene Paredes, el ataque a familiares del ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y la toma violenta de su casa, así como el flagelamiento sufrido por el dirigente indígena Marcial Fabricano a manos de partidarios del presidente Evo Morales.

En el ítem “Arrestos arbitrarios” se describen los casos de Betty Aponte Justiniano, detenida durante 21 horas por insultar al ex ministro Quintana, así como los apresamientos irregulares de Jorge Melgar Quete y Reinaldo Bayard. La sección de “Prisioneros políticos” también detalla el caso del derrocado prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

El informe advierte sobre la interrupción del funcionamiento del Tribunal Constitucional, que no ha permitido fallos de ese órgano sobre “actos cuestionables del gobierno”.

En materia de “Libertad de expresión y de prensa” se indica que el gobierno mantiene una relación de enfrentamiento con los medios de comunicación. Se recogen denuncias de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde se habla de 112 ataques a periodistas. Igualmente, se mencionan la agresión policial contra un camarógrafo y la explosión de una bomba en el periódico El Potosí.

El documento señala la continua tensión entre el gobierno y la Iglesia Católica, incluyendo comentarios del presidente Evo Morales donde califica a la jerarquía eclesiástica como “enemiga”.

Si todo lo anterior ya es más que suficiente para poner en rojo el balance de los derechos humanos en el país, la reciente campaña de detenciones contra opositores desatada en el 2010 proyecta una sombra aún más preocupante sobre la protección de las garantías y libertades civiles de los bolivianos.

Por: Humberto Vacaflor Ganam

En Somalia se vivió una situación similar a la que ahora vive Bolivia. La droga, el contrabando y las guerras internas terminaron con ese Estado en 1991: desde entonces allí sólo existe un territorio sin leyes donde reina el narcotráfico y donde se refugian piratas que controlan el océano Índico.

Los síntomas eran parecidos. La diferencia entre los dos casos es que en Somalia nadie planificó la destrucción del Estado: el hecho se dio como resultado de situaciones descontroladas.

En Bolivia, en cambio, las bases del caos están contenidas en un documento que fue preparado con mucho detalle por expertos extranjeros y nacionales, en ese orden. El documento se llama Constitución Política del Estado.

Lo que acaba de ocurrir en Uncía tiene su respaldo –o su inspiración- en el artículo 30 de ese documento, donde dice que los pueblos originarios tienen derecho “a la libre determinación y territorialidad”.

Es decir que si los cinco ayllus de la zona han decidido declarar zona libre de las leyes del “Estado kara” a su territorio, no han cometido delito. Tampoco pueden ser observados por aplicar la justicia comunitaria para ajusticiar a cuatro policías (articulo 190) pues la justicia ordinaria no tiene facultades para intervenir. (En Ecuador, en cambio, un juez del sistema indígena acaba de ser suspendido por la justicia ordinaria, a la que aquella está sometida).

Es probable que los redactores de la CPE no hayan pensado provocar lo que ahora se da, y que sólo hayan pretendido borrar la huella del colonialismo retrocediendo el reloj de la historia. Pero lo que han conseguido es que en Bolivia se presente ahora una situación similar a la que se daba en la península Ibérica antes de la llegada de los romanos, hace 2.000 años, cuando la tribu no había sido absorbida todavía por el Estado.

Lo que han conseguido estos señores es generar esta situación de disolución del Estado, dando la razón a quienes estaban pronosticando que en Sudamérica iba a cambiar el mapa, en una especie de cataclismo político, consecuencia de la desaparición de un país.

La charlatanería de los ideólogos con mentalidades precolombinas ha llevado las cosas demasiado lejos. El Estado boliviano está diluyéndose. Cuando eso ocurre –se ha visto en Somalia- los únicos que se benefician son los capos de las mafias que controlan las drogas, el contrabando y el terror.

Ante semejante panorama de aflojamiento de las leyes y las normas, no tiene nada de raro que, en este momento,  el ejército boliviano esté bloqueando un puente en La Paz al mismo tiempo que el narcotráfico provoca muertes en las fronteras con Brasil y con Chile.

La alarma hace que en esos dos países se produzcan expresiones de inquietud ante el descontrol que se da en territorio boliviano. El gobierno chileno analiza la idea de instalar un cerco electrónico en la frontera y el candidato opositor brasileño José Serra dice que el gobierno boliviano es cómplice del narcotráfico que abastece de cocaína a las 200 favelas de Brasil.

Bolivia se ha convertido en un problema para la región, como Somalia para África.

Agencias

(abc.es) El ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos encabeza los resultados electorales con un 46,88% de los votos una vez que se ha escrutado el 52,41% del total. Le sigue con un 21,38% el candidato del partido verde, Antanas Mockus.

El candidato oficialista por el Partido de la U, Juan Manuel Santos, y el aspirante por el Partido Verde, Antanas Mockus, son los candidatos más votados hoy en las elecciones presidenciales celebradas hoy en Colombia, según los primeros resultados oficiales. Les siguen el izquierdista Gustavo Petro, del Polo Alternativo Democrático (PDA), con el 9,82 por ciento; el candidato de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, con 10,11 por ciento; la conservadora Noemí Sanín, con el 5,63, y el liberal Rafael Pardo, con el 4,15 por ciento. Según el boletín 11 de la Registraduría, Antanas Mockus sólo gana en el Putumayo. En el resto del país gana Juan Manuel Santos.

(elpais.es) Los resultados prácticamente definitivos no se conocerán hasta alrededor de las 20.00 hora local, adelantó la Registraduría. Dado que en Colombia están prohibidos los sondeos a pie de urna, los resultados de estas elecciones sólo se irán conociendo a través de los boletines oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las elecciones no solo determinarán quién va a suceder a Álvaro Uribe al frente de la presidencia. También servirán para medir la suerte de los partidos tradicionales, el empuje del voto joven o el deseo de renovación de la vida política que parece estar abriéndose paso.

Si bien Mockus (Partido Verde) experimentó primeramente un arrollador ascenso hasta ponerse en cabeza, los últimos sondeos para la primera vuelta habían registrado un avance de Santos (Partido Social de Unidad Nacional, o Partido de la U), que a mediados de mayo se situaba dos puntos por encima de su rival (38%-36%). Varios analistas han advertido que las encuestas habían subestimado sistemáticamente el voto rural, más proclive a Santos.

En cualquier caso, lo que parece seguro es que ambos tendrán que verse las caras en una segunda vuelta, el 20 de junio, porque no alcanzarán la mayoría absoluta requerida. Y aquí saltarán a la palestra los cuatro candidatos restantes (en realidad son siete, pero tres de ellos apenas tienen peso electoral). Será interesante ver qué ocurre con los conservadores de Noemí Sanín y los liberales de Rafael Pardo: ambos partidos, que se repartieron el poder en Colombia durante medio siglo, han quedado relegados en estas presidenciales a una posición marginal.

Aunque sus perfiles son completamente dispares, Santos y Mockus se han comprometido a dar continuidad a las políticas del actual Gobierno tanto en la lucha contra la guerrilla y el narcotráfico como en economía (impulso a la inversión y a los acuerdos comerciales). Ambos han puesto el acento en las reformas sociales, la salud y el combate a la pobreza, que se han abierto paso como las mayores preocupaciones de los colombianos, merced a los avances registrados en la seguridad.

El mantenimiento del rumbo es un requisito innegociable para una sociedad que sigue siendo muy uribista (el presidente mantiene una popularidad del 75% tras ocho años en el poder), pero que al mismo tiempo muestra deseos de abrir una nueva etapa, sobre todo después de que el último año de gobierno se haya visto enturbiado por varios escándalos de corrupción y escuchas ilegales.

Las fuerzas de seguridad se encuentran en alerta máxima. Un total de 350.000 efectivos del Ejército y la policía se han desplegado por los centros electorales de todo el país. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no han logrado alterar la campaña, donde se hicieron presentes esta semana con un atentado contra la sede electoral de Santos en la ciudad de Pasto, que dejó un muerto y 10 heridos. No obstante, la guerrilla intensificó este domingo sus acciones armadas para impedir el voto en las áreas rurales con amenazas a interventores, bloqueo de carreteras y colocación de minas. Precisamente dos soldados que realizaban tareas de vigilancia electoral en Caquetá murieron al pisar un campo minado. Otros dos perdieron la vida en los combates que se registran en Bolívar (norte) y Cauca (suroeste). Hace una semana, la guerrilla, que se financia con el narcotráfico y está considerada como organización terrorista por la Unión Europea, aseguró en un comunicado que todos los candidatos presidenciales prometían “más guerra” y llamó a la abstención.

Sin embargo, todo parece indicar que la participación alcanzará niveles históricos. Unos 30 millones de colombianos están inscritos en el censo electoral, pero normalmente sólo la mitad acude a votar. En esta ocasión, la incertidumbre de los resultados y la emoción de la campaña podrían movilizar a muchos más electores, si se cumplen los vaticinios de las encuestas, que pronostican que la participación podría ascender hasta el 70%.

Todos los ojos están puestos ahora en la transparencia del proceso, sobre todo después de los episodios de fraude (suplantación de electores, alteración de actas) que se registraron en los comicios legislativos del pasado mes de marzo y que han impedido que se pueda constituir el Congreso. Las investigaciones apuntan a que las irregularidades afectan a más de 20 escaños. Las autoridades han mejorado el sistema de recogida y transmisión de datos, y toda una red de observadores locales, a los que se ha sumado una misión de la Organización de Estados Americanos, se ha desplegado por el país. El Partido Verde ha reunido a 45.000 “testigos electorales” voluntarios inscritos por Internet.

Agencias.

China desplazará a la Unión Europea como socio comercial de América Latina a más tardar el año 2015, en parte debido a la crisis que azota al Viejo Continente, según la CEPAL.

“Será un cambio estructural en las relaciones internacionales de la región”, dijo a Deutsche Welle el director de la División de Comercio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Osvaldo Rosales.

El economista agregó que, por ahora, los países que presentan un mayor vínculo comercial con China son Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile.

“En general, las economías sudamericanas productoras de materias primas son complementarias de China”, explicó el economista.

En contraste, México y Centroamérica compiten con China en el mercado estadounidense debido a que las maquilas (ensambladoras) que funcionan en el istmo deben lidiar con las industrias chinas. De hecho, México ya fue desplazado por China como el segundo socio comercial de Estados Unidos, según la CEPAL.

En esa misma lógica, la presencia de inversiones chinas, aunque creciente, es aún menor y se halla concentrada en proyectos de mediana intensidad tecnológica del sector de materias primas.

En ese marco, Rosales opinó que hay una serie de desafíos para la Unión Europea y América Latina ante la irrupción de China en el escenario geopolítico y geoeconómico regional. “Un poco de esto se vio en la Cumbre de la Unión Europea y América Latina” realizada en España la semana pasada, donde los 27 miembros de la UE mostraron un renovado interés por Latinoamérica.

Por otra parte, esta última debe evitar construir con China un comercio basado en exportaciones de materias primas e importaciones de manufacturas, añadió Rosales.

“América Latina debe poder participar en las cadenas productivas chinas” si desea aprovechar al máximo su vínculo con el gigante asiático, concluyó.

Crisis

La crisis que aún afecta de manera grave a los países europeos está teniendo mucho menor efecto en México, Brasil y Chile, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La economía brasileña se expande a una tasa muy elevada desde mediados de 2009 gracias al auge de la demanda interna estimulada por la política local. Para este año, la OCDE pronostica una expansión del producto interno bruto (PIB) de un 6,2 por ciento y de un 5,0 por ciento para 2011.

Como resultado de ello incrementaron las importaciones, pero en los próximos trimestres podría haber un freno en la demanda por una política monetaria más dura del Gobierno de Brasil. Sin embargo, las autoridades continuarán invirtiendo en infraestructura, lo que dará nuevo impulso al crecimiento. La inflación fue del 4,3 por ciento en 2009 y será de un 6,2 en 2010 y de un 5,0 en 2011.

Domingo, 30 de mayo 2010. La Prensa

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Refinación S.A. realiza estudios para ampliar la capacidad de procesamiento de las dos refinerías más grandes a su cargo: Guillermo Elder Bell (Santa Cruz) y Gualberto Villarroel (Cochabamba); sin embargo, dos especialistas en hidrocarburos consultados por La Prensa aseguran que antes es imprescindible incrementar la producción de crudo.

En la actualidad, de acuerdo con datos oficiales, la capacidad de estas dos refinerías es de 45 Mbpd (millones de barriles de petróleo por día), resultado de la ampliación que se efectuó en 2009 y que tuvo un costo de 27 millones de dólares. (19 Mbpd para Santa Cruz y 26Mbpd para Cochabamba).

Pero la producción media de petróleo condensado y de gasolina durante la gestión 2009 fue de 40,7 Mbpd, la más baja se presentó en diciembre, con 35,88 Mbpd, y la máxima, en junio, con 45,08 Mbpd, según el Boletín Estadístico de YPFB 2009. Es decir, cinco Mbpd por debajo de la capacidad instalada de las refinerías.

En ese año, la producción de las refinerías fue insuficiente para abastecer el consumo interno. En promedio, alcanzó a diario a 14.645 barriles de gasolina, 11.103 barriles de diésel, 2.863 barriles de jet fuel, 341 barriles de querosén, 52 barriles de gasolina premium y 38 barriles de gasolina de aviación. Estos datos incluyen la producción de las refinerías pequeñas, como Oro Negro, Santa Cruz y Parapetí.

Debido a la insuficiente producción, por ejemplo, se tuvo que importar 11.164 barriles diarios de diésel, pues el consumo interno llegó a 21.745 barriles al día.

En 2009, los 14.645 barriles representaron un incremento con respecto al año pasado, pero aun así no es suficiente para abastecer el consumo interno, de modo que se tuvo que recurrir a la importación a un promedio diario de 2.692 barriles hasta julio de ese año.

Para la presente gestión, YPFB Refinación S.A. tiene planificado aumentar aún más la capacidad de las dos refinerías grandes y llegar a un potencial productivo de 47 Mbpd de líquidos, según el informe de gestión 2009 y proyecciones del sector, elaborados por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

El Plan de Inversiones de la estatal petrolera, a mediano plazo (2009– 2015), prevé una inversión de dos millones de dólares provenientes del crédito adquirido del Banco Central de Bolivia (BCB) el año pasado, para ampliar las dos refinerías; pero con otros recursos, el plan contempla una inversión de 17,3 millones de dólares para la refinería Guillermo Elder Bell y de 20 millones para la Gualberto Villarroel.

Además, tiene prevista una inversión de 40 millones de dólares para la construcción de una nueva refinería que se ubicará en el occidente del país.

Sin embargo, en criterio del especialista en hidrocarburos Jorge Téllez, si bien la ampliación de la capacidad de las refinerías y la construcción de una nueva son convenientes, hay que pensar con qué materia prima van a funcionar, y entonces ahí surge el principal problema que tiene el país: falta de producción.

Explicó que el crudo o condensado que ingresa en las refinerías es liviano y por eso sólo entre el 26 y el 28 por ciento se convierte en diésel. Por ejemplo, dijo, “de 100 barriles que se mete, sólo se sacan 26 barriles, que equivalen a 158 litros de diésel”.

El especialista manifestó que una nueva refinería tendrá que operar con crudo importado ante la carencia del producto nacional, lo que elevará los costos, pero no mencionó en cuánto. “Se aumenta la importación; el precio de petróleo, arriba de 70 dólares; los derivados cuestan más; hay que pensar que la refinería trabajará con petróleo importado”.

Según el ex superintendente de Hidrocarburos Hugo de la Fuente, por cada millón de metros cúbicos de gas natural se saca un promedio de 1.000 barriles de crudo, y es que esta producción depende de los volúmenes de exportación de gas natural, por ello es que “a más exportación, mayor liberación de hidrocarburos líquidos”.

Recordó que en 2008 se llegó a exportar a Brasil hasta 30 millones de metros cúbicos por día MMm3/día de gas natural; pero a partir de la crisis financiera mundial, esos niveles bajaron. Por tanto, las refinerías no funcionaron al tope de su capacidad por falta de producto.

A este panorama, dijo, se suma otro problema, y es que “lamentablemente el gas natural tiene pocos componentes pesados, ya que proviene de campos gasíferos. La solución está en generar una mayor producción”. La falta de crudo para refinar ocasiona que el país deba importar cada vez más combustible, para satisfacer el mercado interno.

En criterio del ex ministro de Hidrocarburos Guillermo Torres, las refinerías de YPFB se consideran ineficientes por sus costos de procesamiento. El precio de refinación está alrededor de cuatro dólares por barril, mientras otras con capacidades mayores a 100.000 barriles diarios están con costos por debajo de dos dólares. Lo que justifica la existencia de refinerías en Bolivia es que hay producción propia de petróleo y que sale más barato refinar que importar productos refinados, aunque la producción petrolera no abastezca el consumo interno.

El Ministerio de Hidrocarburos informó que se encuentra en elaboración un decreto para establecer un nuevo margen de refinación, que incluya el Impuesto a las Transacciones (IT) y la tasa Sirese (Sistema de Regulación Sectorial).

Se levantarán dos plantas separadoras

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a la asociación accidental Tecna Bolivia S.A.-Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería S.A. para realizar el estudio de la construcción de la planta separadora de licuables de Río Grande. La firma prevé concluir el trabajo a fin de año. El costo de la elaboración de este proyecto asciende a 30.431.000. bolivianos.

La planta será capaz de procesar 200 millones de pies cúbicos de gas natural por día (MMpcd), equivalentes a 5,6 millones de metros cúbicos diarios (MMmcd), con un recobro mínimo de 350 toneladas métricas diarias de gas licuado de petróleo (GLP) y 600 barriles de gasolina por día. Ello permitirá garantizar el abastecimiento para el mercado interno de combustibles líquidos que serán separados del gas que se exporta a Brasil.

Tecna es una compañía que está presente en más de diez países. Tiene experiencia en la construcción de más de 80 plantas de GLP.

Además, la estatal petrolera lanzó la segunda convocatoria para la contratación de una empresa consultora interesada en realizar los “Estudios de actualización y ampliación de la ingeniería conceptual y desarrollo de la ingeniería básica de la Planta de Extracción de Licuables del Gran Chaco”, en Tarija.

La primera convocatoria emitida el 12 de mayo fue declarada desierta porque ningún proponente cumplió con la presentación de documentos legales y administrativos. Esta planta procesará un caudal máximo de 714 MMpcd y tendrá una producción calculada de 1.250 toneladas métricas de gas licuado de petróleo y de 2.142 barriles diarios de gasolina natural.

Refinerías

En 2007, el Gobierno compró las refinerías de propiedad, hasta ese entonces, de Petrobras en 112 millones de dólares. Ese año, las plantas Guillermo Elder Bell (Santa Cruz) y Gualberto Villarroel (Cbba) pasaron a formar YPFB Refinación S.A. Más del 90 por ciento de la producción de combustibles en el interior del país está en manos de ambas refinerías.

En 2009, la capacidad de ambas refinerías se incrementó hasta llegar a 45 millones de barriles de petróleo día (Mbpd).

Para 2010, la previsión del Gobierno es aumentar hasta 47 Mbpd la capacidad de producción de las dos plantas. Sin embargo, por la falta de producto, las refinerías no operan en el máximo de su capacidad y el país importa combustibles.

Domingo,  30 de Mayo, 2010. El Día

En acto calificado de centralista por los opositores se inicia hoy (9.00) en Sucre, el régimen de las autonomías departamentales con la investidura de los primeros gobernadores que serán juramentados por el presidente Evo Morales en la Casa de la Libertad, cuna de la independencia de Bolivia en 1825.

En los hechos, la autonomía departamental, regional e indígena, que homologa el régimen preexistente de independencia administrativa y política en las 337 alcaldías bolivianas, regirá desde el 22 de julio, cuando se promulgue la Ley Marco que dotará a las asambleas departamentales la facultad de legislar.
Merced a la vigencia reciente de la “Ley Corta”, jurarán como gobernadores hoy Rubén Costas (Santa Cruz), César Cocarico (La Paz), Edmundo Novillo (Cochabamba), Esteban Urquizo (Chuquisaca), Ernesto Suárez (Beni), Luis Flores (Pando), Mario Cossío (Tarija), Santos (Oruro) y Félix González (Potosí).

Este acto fue criticado por la oposición, debido a que postulan que la autonomía debía iniciar con la posesión debía hacerse en el distrito donde los eligieron. El jefe de la Bancada de la oposición, Germán Antelo aseguró que es uno de los “últimos actos abusivos del centralismo” y que a partir del lunes la verdadera autonomía se consolidará con los gobernadores que deberán subordinarse sólo ante su Asamblea Legislativa Departamental.

En principio, los tres gobernadores opositores consideraron no ir a Sucre, pero cambiaron de idea tras consultas con los líderes locales y ante la amenaza del Poder Ejecutivo de no reconocerlos si faltaban al acto en la Casa de la Libertad.
“Luego de la lectura del decreto y posteriormente la toma de juramento y posesión de los nuevos gobernadores, el acto cerrará con la palabras del Presidente para resaltar el segundo paso de la profundización de las autonomías. Luego de las palabras del Presidente no hay otros discursos”, dijo ayer el Ministro de la Presidencia, Óscar Coca.

Señaló que no habrá otros actos paralelos o de otra índole, como un desfile de organizaciones sociales que se había anunciado con anterioridad.

Evo  pidió a las nuevas autoridades regionales electas  que apliquen el principio de austeridad en sus gestiones, para lograr una gestión efectiva, marcada por la inversión. El llamado lo hizo durante la cumbre de asambleístas departamentales del MAS, realizada en Cochabamba.

“Mi preocupación es que el dinero de los departamentos no se vaya a los gastos de funcionamiento, lo que queremos es que sirva a la inversión, a las obras. Es por el poder que tienen ahora los asambleístas que se planteará una política de austeridad”, señaló en conferencia.

Morales recordó que el año 2006 cuando asumió por primera vez la Presidencia, rebajó su salario a 15.000 bolivianos, por lo que planteó que se revise la escala salarial de alcaldes concejales, gobernadores y asambleístas en todo el país.

Los gobernadores de oposición Cossío, Costas y Suárez asumen sus mandatos con el fantasma de que sean inhabilitados por una ley transitoria que contempla la suspensión de los gobernadores a sola acusación de la Fiscalía. Los tres llegaron anoche a Sucre y suspendieron la reunión de coordinación que tenían prevista inicialmente.

Sucre, BOLIVIA, 30 may (ABI)

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, posesionado el domingo por el presidente Evo Morales en la ciudad de Sucre, advirtió que no admitirá más que lo tilden de conspirador y separatista.

Molesto por el discurso de Morales en la Casa de la Libertad, Costas intentó pedir la palabra en el acto de posesión para contradecir al mandatario que demandó a los gobernadores opositores de Santa Cruz, Beni y Tarija que se acabe “el tiempo de la conspiración” para trabajar “juntos en beneficio del pueblo boliviano”.

“Me tuve que parar porque yo no admito ni del Primer Mandatario de la República ni de ningún ciudadano que se nos diga que somos conspiradores. Que lo diga en cualquier lado, en cualquier foro, pero ya mucho daño nos ha hecho a los cruceños ese adjetivo. No se lo admitimos a nadie”, argumentó al final de la ceremonia.

Costas, el gobernador de Tarija, Mario Cossío y su colega de Beni, Ernesto Suárez, están investigados por actos de corrupción en su gestión de prefectos entre 2006 y 2009, además que el Gobierno los acusa de liderar un bloque de prefectos, empresarios y líderes cívicos de los tres departamentos, que en componenda con el ex embajador de Estados Unidos Philip Golberg, intentaron dar un golpe de Estado en 2008.

Costas, que permaneció pasivo en el momento del juramento, sin gesto alguno al igual que sus colegas de Beni y Tarija, en evidente actitud de desacato, reveló que en el momento que se acercó el gobernante para felicitarlo le dijo que “no admitía nunca más que se nos diga conspiradores, que se nos diga separatistas, porque si eso fuera cierto él tendría ya que haber cumplido y meternos presos”, remarcó.

“Pero hay un veredicto que él lo conoce muy bien, que es el veredicto del voto, del voto popular que es la esencia misma de la democracia que hoy el Presidente ha tenido que admitir y haber hecho un reconocimiento de los gobernadores que han sido electos”, subrayó.

Respecto a la actitud pasiva en el momento del juramento, justificó esa actitud porque a su juicio “era sólo un acto administrativo” y argumentó que el pasado viernes ya juró en Santa Cruz.

“Ante mis mandantes, ante la Patria, ante la Asamblea Departamental, ante mí símbolo, la tricolor que une a todos los bolivianos, ante mi credo, mi crucificó y mi Dios”, justificó.

No obstante, dijo que está dispuesto a “tender la mano para trabajar todos por Bolivia” y abogó para que esa intención no se quede sólo en los papeles.

“Yo voy a seguir con las manos extendidas porque al fin y al cabo lo que quiere el pueblo boliviano es bienestar, quiere vernos juntos a todos los servidores públicos trabajando por su país, para que salgamos de una vez  y para que luchemos todos contra la pobreza”, subrayó.

Los Tiempos y La Prensa

“Se ha aprobado por unanimidad y en grande con la presencia de la oposición y, también, del oficialismo. Hay consenso”, fueron las palabras de la diputada Rebeca Delgado, del  Movimiento Al Socialismo (MAS), cuando se aprobó en la Comisión de Justicia Plural el informe de esta comisión el pasado 21 de mayo, como si fuera una premonición de lo que acontecería en la Cámara de Diputados el día viernes 29 de mayo cuando se sancionó en grande el proyecto de Ley del  Órgano Judicial.  La norma será retomada el lunes para su tratamiento en detalle.

El proyecto de Ley del Órgano Judicial es una de las cinco normas que se deben aprobar con prioridad en la Asamblea Legislativa, hasta el 22 de julio, para dar inicio a la transición hacia una nueva institucionalidad jurídica “moderna, eficiente, rápido, transparente y equilibrado”, agregó. La diputada del MAS reconoció que existen algunas diferencias entre oficialistas y opositores respecto al número y las competencias de los magistrados.

Entre sus principales artículos establece el ejercicio de la función judicial, jurisdicción, competencias, organización y funcionamiento del Órgano Judicial. Asimismo, plantea la creación del Defensor del Litigante y endurece las sanciones disciplinarias contra los funcionarios judiciales.

El Órgano Judicial estará compuesto por la Jurisdicción Ordinaria, Jurisdicción Agroambiental, Jurisdicciones Especializadas y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, e incorpora el Consejo de la Magistratura.

El diputado Juan Carlos Becerra (PPB-CN) anticipó que su partido planteará la suspensión del tratamiento en detalle y que se remita nuevamente a la Comisión durante el tratamiento en detalle, pues el MAS no tomó en cuenta las observaciones expuestas por el Consejo de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones en diferentes talleres que ha realizado la misma Comisión de Justicia.

Ven injerencia de poderes con Defensor del Litigante

La creación de un Defensor del Litigante que dependerá del Ejecutivo, como plantea el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Ley del Órgano Judicial, dará paso a la injerencia del Gobierno en los organismos que administran la justicia. Ésa es la opinión de algunos sectores especializados en la materia.

El proyecto de Ley del Órgano Judicial, estipula en su artículo 212 la creación del Defensor del Litigante, dependiente del Órgano Ejecutivo, “como una unidad especializada que tendrá atribuciones para hacer seguimiento y velar por el buen desarrollo de los procesos disciplinarios y penales contra autoridades judiciales”.

El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas, declaró a La Prensa que con la creación de esta figura dentro del Poder Judicial, el Ejecutivo estaría ingresando en él.

“Si va a haber esta instancia, ¿qué sentido tiene que exista el Consejo de la Judicatura que se encarga del control de la parte disciplinaria de los jueces? Ahora, si éste (Defensor) depende del Ejecutivo, entonces resultan ser funcionarios del Gobierno que están subordinados y dejan a un lado la independencia entre poderes y eso no es bueno”.

En criterio de la diputada opositora de Convergencia Nacional (CN) Norma Piérola, el Defensor del Litigante tiene las mismas competencias que el Consejo de la Magistratura. “El objetivo es que el Ejecutivo tenga un espacio desde el cual se siga manejando el Órgano Judicial, porque resulta que este Defensor hará seguimiento a procesos”. “Los representantes de la Corte Superior de Justicia han hecho sus observaciones, nosotros también, pero no las han tomado en cuenta porque están preocupados por aprobar la norma lo más rápido posible”.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, sostuvo que como el artículo señala sólo las competencias generales, habrá que esperar a que se precisen las funciones de esta figura en el Poder Judicial. “Es muy general la forma en que se ha creado esta figura y seguro que después se van a precisar claramente cuáles son las atribuciones de este Defensor. De forma general, siempre es deseable que haya independencia de poderes”.

El debate de la Ley del Órgano Judicial se efectúa en medio de una crisis institucional de ese poder por las masivas renuncias de jueces y vocales en las cortes superiores de Distrito.

strong>La Prensa y  AMLatina

El proyecto de Ley del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) fue aprobado anoche por el Senado en su estación en grande y el lunes esta instancia comenzará su tratamiento en detalle a partir de las 16.00.

La sesión que fue convocada para las 17.00 comenzó a las 18.00 con el informe del presidente de la Comisión de Constitución de esa instancia deliberativa, senador Eduardo Maldonado, del partido de gobierno MAS.

El documento, consta de 93 artículos, ocho disposiciones transitorias y una disposición final. Esta ley determinará los mecanismos de elección, distribución de escaños, sanciones y delitos electorales. La democracia electoral depende de los pesos y contrapesos en la forma de elección, la distribución de escaños entre mayorías y minorías que determine esta ley, el MAS está dispuesto a aplicar su rodillo para la aprobación en detalle como ya lo hizo en grande, a paciencia de la oposición.

El presidente del Senado, René Martínez (MAS), pidió la consideración del documento a los parlamentarios presentes en el hemiciclo, pero nadie expuso argumento alguno, ni siquiera los siete opositores presentes en sala, pues los faltantes ya habían regresado a sus regiones.

Martínez solicitó el voto de los parlamentarios para la aprobación del documento en su estación en grande, moción que fue apoyada por más de dos tercios, sobre todo legisladores del MAS, para luego pasar a su tratamiento en detalle.

Previamente, el senador Eugenio Rojas (MAS) pidió un cuarto intermedio hasta el lunes a las 16.00, para que los parlamentarios sometan el documento a un estudio “más detallado” y agregó que, por ser “viernes, muchos de los parlamentarios no están dispuestos a debatir en detalle la norma”, moción que fue apoyada por cinco parlamentarios de la oposición, quienes declararon que el fin de semana estarán en sus regiones.

Esta norma es una de las cinco leyes fundamentales que la Constitución Política del Estado manda a la Asamblea Legislativa aprobar en los 180 días siguientes al inicio de su labores, plazo que se cumple el 22 de julio.

Uno de los aspectos importantes de este proyecto es la eliminación de la propuesta inicial, tanto del oficialismo como del OEP, de la transferencia de la Dirección de Identificación Personal a manos del ente electoral.

El miércoles pasado, la Comisión de Constitución, tras el análisis del documento en sesión reservada, solicitó al pleno del Senado que aprobase una resolución que instruya que en el plazo de 90 días el Ministerio de Gobierno deberá elaborar “un plan de reestructuración profunda de la Dirección de Identificación”.

La vocal Roxana Ybarnegaray, según ANF, manifestó que se espera que esa decisión sea reconsiderada una vez que el Senado comience el tratamiento en detalle. Según dijo, si bien el documento fue aprobado así en la Comisión de Constitución de esa instancia legislativa, aún falta que el proyecto sea considerado en el Senado y en Diputados.

“(El OEP) aún tiene la esperanza en que haya mayor discusión. Nosotros estamos siempre dispuestos a analizar todas las propuestas, incluida la hecha por la Comisión de Constitución, estamos dispuestos a asistir al pleno de la Asamblea Legislativa para poder fundamentar el porqué de nuestro planteamiento”.