El 33,34 por ciento de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) que eran de propiedad de la Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce) fueron confiscadas, mediante un decreto supremo, que el presidente Evo Morales entregó al mediodía al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo.
Según el decreto aprobado esta mañana, las acciones que eran de propiedad de Soboce ahora pertenecen a la gobernación de Chuquisaca, controlada por el Movimiento al Socialismo.
La reversión aprobada en el Palacio de Gobierno y fue anunciada por Evo Morales en la ciudad de Sucre, poco después del mediodía. El argumento para la expropiación de las acciones que son de propiedad de Soboce es que el Estado boliviano es propietaria originaria de esa porción, desde la creación de Fancesa, en enero de 1959.
“Desde la fundación de la empresa hubo participación del gobierno nacional”, dijo Morales mientras leía el documento que determina la “recuperación de las acciones”. Fancesa fue creada con la participación, en partes iguales, de la Universidad Mayor San Francisco Xavier, la alcaldía Municipal de Sucre y la Corporación Boliviana de Fomento. Años después, ésta transfiere su porción a la Corporación Regional de Desarrollo.
A estas horas de la tarde, el Directorio de Soboce se encuentra reunido en la ciudad de La Paz para adoptar una decisión sobre el anuncio de Morales, quien no precisó si la recuperación suponía una compensación por parte del Estado boliviano a la industria cementera.
El principal accionista de Soboce es Samuel Doria Medina, líder del opositor Unidad Nacional.
El anuncio presidencial se da un día después de que el Gobierno anunciara que importará cemento venezolano para hacer frente a la sobredemanda de la materia prima para la actividad de la construcción.
El gobernador Urquizo destacó la decisión adoptada por el gobierno nacional y puso como ejemplo de gestión al presidente Morales.
El oficialista Movimiento Al Socialismo impulsó una campaña para la recuperación de las acciones de Fancesa, desde las elecciones para alcalde y gobernador, realizadas el 4 de abril. Y se intensificó en los últimos días. El MAS demandó la realización de una audiencia pública en la Asamblea Plurinacional para abordar este asunto y, además, solicitó que la Fiscalía General anote preventivamente los bienes de dos empresarios de Soboce: Samuel Doria Medina y Armando Gumucio y ex representantes de la Universidad San Francisco Xavier, el ex rector y alcalde suspendido de Sucre, Jaime Robles, y Wálter Arizaga.
