Nuevos conflictos complican a Evo Morales. Los orureños denuncian la violación de su territorio en el límite con la comuna de Coroma. Mineros potosinos se oponen a pagar el Impuesto al Valor Agregado sobre su actividad

A días de haber solucionado el conflicto con los indígenas amazónicos, que se prolongó por 66 jornadas, el gobierno de Morales enfrenta un nuevo desafío: la paralización del sur del país como consecuencia de dos manifestaciones.

En Oruro, este martes se realiza la segunda jornada de un paro cívico de 48 horas convocado en defensa de su territorio por la presunta violación de su jurisdicción por comunarios de Coroma, departamento de Potosí.

La asamblea local declaró la medida de protesta la semana pasada para exigir al Ejecutivo soluciones al conflicto de límites con Potosí, que se reavivó hace nueve años y se agudizó desde el mes pasado por denuncias mutuas de incursión a la zona en litigio.

“No recibimos ninguna respuesta de las autoridades nacionales. Estamos preparados, con documentos, más de 72 documentos ancestrales, para defender los límites territoriales. Potosí sólo entrego 35 documentos”, señaló la presidente de la entidad, Sonia Saavedra.

Desde la gobernación de Potosí, respondieron a los reclamos de Oruro y acusaron a los representantes de este departamento de dilatar el conflicto con su inasistencia a las reuniones.

No obstante, el representante del Frente Cívico potosino, Gonzalo Barrientos, coincidió en las críticas a la lentitud del Ejecutivo, “que hace más de un año, no asumió su responsabilidad ni aprobó una normativa legal que señale el procedimiento para solucionar esta disputa”.

Los organizadores orureños calificaron de exitosa la primera jornada de paro cívico, que incluyó una masiva marcha por las calles céntricas de la ciudad.

En tanto, Potosí se encuentra aislado por una manifestación de los cooperativistas mineros que desde el lunes mantienen bloqueados los cuatro accesos de ingreso y salida a la ciudad en rechazo al pago del Impuesto al Valor Agregado(IVA).

El responsable de Seguridad Ciudadana de la Gobernación, Ruslan Lacoa, informó que las garitas de San Antonio (Potosí-Oruro-La Paz), Karachipampa (Potosí-Sucre), Surco (Potosí-Tarija) y Janaj Mayu (Potosí-Uyuni) están cerradas.

El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Richard Alave, indicó que se trata de una medida de presión indefinida ante la intención del presidente Morales de aplicar ese gravamen en el sector productivo minero.

Explicó que los obreros de Potosí no fueron consultados sobre la ley y, por lo tanto, no pudieron expresar sus objeciones. El principal argumento que sostiene es que la situación en esa zona es diferente a la de las otras cooperativas que trabajan en yacimientos propios con elevadas ganancias. Alegan que los contratos son por socavones.

Desde el gobierno aseguraron que la medida fiscal no los perjudiará. La viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, atribuyó las protestas a “desinteligencias internas” de ese sector minero de Potosí.

Como consecuencia de los bloqueos en ambos departamentos, las autoridades suspendieron hasta nuevo aviso las salidas de buses de transporte de pasajeros hacia Potosí, Oruro, Sucre y Tarija desde La Paz y Cochabamba.

Fuente: Lostiempos.com